El Grupo Parlamentario del PSOE presentó en marzo de 2018 una proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de viviendas. Propone una modificación del texto vigente de la LAU para volver a la redacción original de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos. Incluye también la modificación de otras leyes. En este blog, en septiembre y octubre de 2018, he publicado varios artículos sobre esta propuesta.
En la Exposición de Motivos hay una serie de datos sobre la vivienda en España que me parecen de interés, aunque no sea un tema jurídico, porque la realidad es el mayor condicionante del derecho. La legislación siempre es posterior a una cierta realidad social.
España siempre ha tenido poca vivienda de alquiler, comparando con los países de nuestro entorno. En 2001 sólo el 11,4% de los hogares era de alquiler. En 2011 el 13,5% del total de viviendas principales era arrendada. Un incremento de 2 puntos en 10 años.
La crisis ha cambiado el mercado inmobiliario. Según la Encuesta Continua de Hogares del INE de 2016, de los 18,4 millones de hogares el 17,3% ya era de alquiler. Un aumento de 4 puntos porcentuales desde 2011, casi 1 por año. El 80% de las viviendas seguía siendo de propiedad (con o sin hipoteca).
El alquiler de vivienda es más frecuente en las zonas urbanas con mayor población. Cataluña ya tiene un 24,1% de vivienda en alquiler; Madrid el 23,1%.
¿Quién arrienda la casa en la que vive?
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2013 los inquilinos eran mayoritariamente:
- Los hogares más jóvenes y con menores niveles de ingresos.
- Las familias monoparentales y quienes viven solos. Sólo hay un sueldo.
- Los inmigrantes.
Es decir: en España el arriendo de pisos y casas es una forma de acceso a la vivienda para personas y familias con ingresos reducidos y/o que tienen nuevos empleos. Los jóvenes de menos de 30 años tenían, en el cuarto trimestre de 2017, una tasa de paro del 36,6%. Y los que trabajan tienen una alta proporción de empleo a tiempo parcial, temporal y con salarios bajos. La compra es poco menos que imposible.
Para complicar más el panorama el aumento del precio del alquiler entre 2014 y 2017 ha sido muy grande, especialmente en 2017, mientras que los sueldos subieron, en términos reales, un 0,4%.
Un hogar que ganase el salario medio mensual de 1.908 € – el salario más frecuente -, en el último trimestre de 2017 debía gastar en la renta el 38,5% de sus ingresos. (El porcentaje recomendado de gasto en arrendamiento de viviendas es de 1/3 del salario.) Para muchos asalariados el gasto en alquiler implica más de la mitad de su sueldo. Se calcula que el 40% de los asalariados no pueden acceder ni a una vivienda en propiedad ni a una de alquiler privado. Su única opción sería el alquiler social o la vivienda protegida, que brilla por su falta. La otra solución es vivir en una habitación.
Una de las consecuencias del elevado precio es el número de desahucios por impago: 35.000 en 2017, el 58% de los lanzamientos. El 61,2% de los desahucios del segundo trimestre de 2018 se produjeron por el impago de la renta (datos del Consejo General del Poder Judicial).
¿Soluciones?
La demanda de vivienda en alquiler ha crecido por cuestiones socioeconómicas que no se prevé que vayan a mejorar. (Seguid a @sninobecerra en Twitter para entender lo que pasa.) Pero la oferta no ha aumentado. Éste es el gran problema: la demanda de pisos de alquiler es muy superior a la oferta. Como consecuencia las rentas arrendaticias no paran de subir. Según Fotocasa aumentaron un 20,4% entre 2014 y 2017.
Según la propuesta socialista hay 3 causas para la disminución de la oferta: los pisos turísticos, la venta de viviendas antes en alquiler y la compra para invertir (el mercado español del ladrillo es muy apetitoso. El mayor casero de España es la americana Blackstone).
No hay soluciones mágicas. Se propone aumentar la oferta de viviendas de alquiler, con una serie de medidas legales y fiscales a nivel estatal, aunque su desarrollo y ejecución sea autonómica y municipal. Concretamente se propone un plan para construir 20.000 nuevas viviendas protegidas, un número insuficiente. Se llegará a situaciones un tanto límite: el Tribunal Constitucional ha admitido que el gobierno vasco expropie pisos vacíos en caso de necesidad. Algo parecido ha propuesto Ada Colau en Barcelona.
Estamos pagando una histórica desidia en la construcción de vivienda social. Os aconsejo que veáis «El pisito», una película que retrata de forma ácida la escasez de vivienda en la España de la década de 1950.
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