El 21 de septiembre de 2020 se promulgó en Catalunya la Llei 11/2020, de «mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges«.
Esta ley pretendía limitar la renta de los alquileres de vivienda habitual. Estuvo vigente hasta que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional a mediados de 2022. Un año y medio en total.
José García Montalvo y Joan Monràs han publicado un estudio sobre las consecuencias de la aplicación de esta norma en el último informe de la cátedra de Empresa, Vivienda y Futuro de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), realizado a partir de datos del Incasòl, del que @LaVanguardia ha publicado un artículo en su edición impresa del 19 de enero de 2023.
En el año 2012, la renta por metro cuadrado era de unos 11 € en Madrid y Barcelona. Desde mediados de 2014, cuando el metro cuadrado bajó a unos 10 €, el precio no ha dejado de subir. En Barcelona estaba en 14,5 € el metro cuadrado en 2017, y en 15 € a inicios de 2019. Un piso de 60 metros cuadrados ha pasado en 7 años de costar 660 € a una renta de 900 €. El precio medio del metro cuadrado en Barcelona en diciembre de 2022 era de 19,3 €. Entonces el mismo piso de 60 m2 costaba 1158 €. No hay economía que lo soporte.
Pero las buenas intenciones no siempre llevan a las consecuencias deseadas.
Consecuencias negativas de la contención de rentas
La primera consecuencia de la ley fue la reducción de la oferta de vivienda de alquiler en un 15%, lo que dificultó aún más a los inquilinos encontrar un piso. La oferta se reduce pero la demanda sigue aumentando, porque los jóvenes no pueden asumir la compra de un piso. Aún así, las rentas en las zonas donde se aplicaba la contención de las mismas bajó un 5% durante el período de vigencia de la ley. Pero en el primer trimestre de 2022, vigente la la Llei 11/2020, la renta de los alquileres aumentó un 7%. Además, aumentó el precio de los pisos de menor calidad hasta igualarlo al tope máximo permitido por la norma.
Lo cierto es que en ninguna ciudad europea ha funcionado la limitación de rentas.
Otra consecuencia es la reducción de la construcción de viviendas dedicadas al alquiler. En la ciudad de Barcelona, donde hay que dedicar el 30% de la construcción de nuevas viviendas a pisos sociales, la consecuencia es que los promotores no construyen ni viviendas ni pisos sociales. Las Administraciones públicas no pueden actuar contra el legítimo interés de las empresas constructoras de ganar dinero.
Tal como apunta el estudio, la «solución» pasa por aumentar la oferta pública y privada de vivienda de alquiler, construyendo más pisos a partir de una colaboración entre administraciones y empresas, ofrecer incentivos a los propietarios para alquilar (vía, entre otras cosas, desgravaciones fiscales para los rendimientos del capital inmobiliario, o cediendo suelo público) e incrementar la seguridad jurídica, a la que no contribuye el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.
No es el camino. Para que el nivel de los alquileres descienda la única vía es aumentar la oferta, y eso solo puede conseguirse con una política de vivienda pública. En eso ESP lleva un retraso de más de medio siglo. https://t.co/niP3Je0Qrp
— Santiago Niño (@sninobecerra) January 4, 2023
