Las ediciones impresa ( página 43 ) y digital de «El Periódico» de Catalunya ( el periodico.com ) de 21 de junio de 2012 volvieron a publicar el primer párrafo de la carta de una inquilina publicada en la edición impresa del 18 de mayo de 2007:
- «Desde inicios del siglo pasado, mi familia ha vivido en una finca de la calle de Rogent. Allí tengo mi casa y un modesto negocio de cestería. Desde los años 80 he tenido problemas con el administrador de fincas y actual propietario».
El motivo era la celebración del juicio. El Ministerio Fiscal solicitó tres años de prisión para el propietario denunciado y una indemnización de 6.000 euros por los daños y perjuicios morales sufridos por un delito de coacciones del artículo 172.1 del Codigo penal. Antes de recurrir a la vía penal la inquilina había denunciado los hechos en el Ayuntamiento de Barcelona.
Según el Ministerio Fiscal el propietario acusado ejecutó «un plan preconcebido» para que la arrendataria, con un alquiler de renta antigua, abandonara contra su voluntad el piso que habita no realizando las obras de mantenimiento de la finca y sus instalaciones, tolerando la presencia de okupas, dejando de pagar el suministro de agua y negándose a cobrar la renta.
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En consecuencia, la denunciante vivía en unas condiciones que implicaban un riesgo para su salud. En su interrogatorio la inquilina relató la existencia de desprendimientos, grietas, brechas, humedades y escombros y dijo que el acusado dio de baja el suministro de agua en el 2005, teniendo que ir a buscarla a una fuente y ducharse y lavar la ropa en domicilios de familiares.
El abogado del propietario argumentó que el estado de la finca era normal, que siempre había arreglado lo que tenía que arreglar, que la denuncia obedecía a un interés económico (según él la vecina quería cobrar 40 millones de pesetas por dejar la casa) y justificó la falta de suministro de agua alegando que su cliente se vio obligado a dar de baja el suministro después de que ella dejara de abonarle los recibos por el consumo que realizaba
Quien esto escribe se enteró de todo lo relatado leyendo la edición impresa de EL Periódico del 6 de julio de 2012, en la que se publicaba la sentencia.
El propietario de la finca ha sido condenado a 3 años de prisión por un delito de coacciones, por perturbar los derechos y el disfrute de la vivienda de su inquilina, desentenderse del estado y conservación del edificio, con el consiguiente riesgo para ella y los peatones, tolerar la presencia de okupas, no pagar el suministro de agua y negarse a cobrar la renta.
También ha sido condenado a indemnizarla con 6.000 euros por mermar su salud, tanto física como psíquica. La sentencia destaca la desigualdad del conflicto. El propietario es un experto administrador de fincas. La inquilina una mujer de más de 70 años sin estudios.
